Lea aquí la columna publicada el 24 de junio de 2024 en El Heraldo

Uno de los grandes desarrollos de la ciencia médica para el beneficio de la humanidad es la invención de los antibióticos. Hacia 1928, el científico británico Alexander Fleming descubrió una sustancia de crecimiento natural que era capaz de eliminar las bacterias y que, después de investigaciones y pruebas, se decantó en el potente antibiótico llamado penicilina.

Desde entonces son importantes los avances de la ciencia en la invención de antibióticos contra la mayoría de las enfermedades infecciosas y, hoy, la medicina cuenta con una amplia batería de antibióticos, clasificados según su efecto, su mecanismo de acción, su estructura química, etc. Se contabilizan por cientos las patologías que se tratan efectivamente con antibióticos y cientos de millones las personas curadas anualmente en el mundo.

Lamentablemente, se ha producido una creciente resistencia bacteriana a los antibióticos, es decir, los microbios se vuelven resistentes a su acción. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta es una de las 10 principales amenazas de salud pública que enfrenta la humanidad.

Si bien, el uso indebido y excesivo de estos medicamentos es uno de los factores que ha derivado en la generación de patógenos farmacorresistentes, pues es usual, en nuestro país, que los antibióticos sean ingeridos descontroladamente, sin prescripción médica, también inciden las capacidades evolutivas de los microbios y los ambientes hospitalarios. La resistencia a los antibióticos limita el tratamiento de las infecciones, afecta la salud de los pacientes, pero también impacta en los costos de los tratamientos y de los sistemas de salud.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), durante 2019 se registraron 4700 muertes atribuibles a la resistencia a los antibióticos, mientras que 18.200 estuvieron relacionadas.

Así mismo, según la OMS, anualmente se presentan 700.000 muertes anuales debido a infecciones por bacterias resistentes, lo que podría ocasionar 10 millones de muertes en los próximos 25 años y pérdidas económicas superiores a los 100 billones de dólares a 2050.

Este problema de salud pública debe ser abordado de manera prioritaria por los gobiernos, con política pública y planes puntuales que incluyan mayor investigación, vigilancia epidemiológica y controles a su comercialización, entre otras, así como la concientización ciudadana del uso responsable de estos medicamentos.