Noticias Unisimón
Noviembre 19, 2024
Durante el evento participaron estudiantes, académicos y funcionarios públicos con interés en la atención a víctimas y personas con necesidad de protección internacional.
Los 40 años de la Declaración de Cartagena y los 20 años de la Sentencia T-025, emitida por la Corte Constitucional, no pasaron inadvertidos para el programa académico de Derecho, a través del Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Protección Internacional y Víctimas del Conflicto Armado (ALPOSD), de la Universidad Simón Bolívar, que ofrece orientación sobre cómo acceder y hacer valer los derechos fundamentales de estas personas.
Reunidos en el Hotel Casablanca, víctimas del conflicto armado interno, personas con necesidad de protección internacional, estudiantes de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Libre de Colombia, junto a actores como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Corporación Opción Legal participaron en un conversatorio donde se analizaron estos dos hitos históricos.
“Conmemoramos un momento crucial para toda la sociedad, la comunidad académica, así como para las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, porque estos hechos pueden afectarnos de manera directa o indirecta. En el acto académico no sólo se vinculó la academia, sino también la comunidad de Cúcuta y su Área Metropolitana. En este caso, trajimos a colación a víctimas del conflicto armado y a personas con necesidad de protección internacional, quienes pueden dar fe de que estos instrumentos internacionales y nacionales han permitido garantizar sus derechos y mejorar su calidad de vida”, expresó Erika Isabel Salinas Cifuentes, coordinadora de ALPOSD en la Unisimón.
Al encuentro asistieron 140 personas. Los organizadores destacaron la participación de estudiantes de Derecho, Psicología, Trabajo Social e incluso de Administración de Empresas, Diseño y Comunicación Social, quienes mostraron interés en el tema.
“El fenómeno del conflicto armado nos toca a todos, de manera directa o indirecta, pero también converge con la situación migratoria, lo cual nos permite reflexionar sobre los mecanismos de protección internacional disponibles para garantizar los derechos de esta población”, señalaron en el evento.
Según Leydi Ávila Cano, del eje operativo de víctimas del programa de la Corporación Opción Legal, “tanto la Declaración de Cartagena como la Sentencia T-025 son instrumentos relevantes para la población colombiana, cada uno enfocado en una población distinta. En el caso de la Sentencia T-025, esta sigue siendo muy vigente, ya que continuamos buscando recursos para garantizar los derechos de la población víctima, no sólo del desplazamiento forzado, sino también de muchos otros delitos cometidos en el marco del conflicto”, indicó.
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