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Justicia por mano propia

Lea aquí la columna publicada el 24 de noviembre de 2025 en El Heraldo 

En ninguna circunstancia es posible justificar el linchamiento de un ser humano. Que una multitud acorrale, golpee y agreda de todas las formas posibles a alguien en estado de indefensión es un acto de barbarie en el que se expresan y exacerban las más salvajes actitudes, comportamientos y antivalores de quienes lo perpetran.

Hay quienes defienden esta acción con argumentos como la frustración ciudadana por la inoperancia del poder judicial o la falta de presencia de las autoridades, que los lleva a la irracional decisión de hacer justicia por mano propia. Sin duda, es un delito atroz y una grave violación de los derechos humanos porque se atenta contra la vida de alguien, al infligirle un “castigo” absolutamente arbitrario, desproporcionado e inhumano y, lógicamente, impidiéndole acceder a un proceso legal y justo. 

Eso sucedió con Mauricio Cendales Parra, un conductor linchado en la localidad de Kennedy, en Bogotá, el pasado 11 de noviembre, después de haber arrollado y lesionado a un motociclista. Esta persona fue perseguida por un enjambre de cerca de doscientos motociclistas, a algunos de los cuales embistió; estas personas le propinaron una golpiza brutal que lo llevó a la muerte, según informes de prensa. Los reportes son completamente aterradores. La familia del conductor aseguró que no se trataba de una persona violenta y que sufría de depresión y ansiedad. 

Este fenómeno ha sido analizado bajo la óptica de la “psicología de las masas”, como la conceptualizó el francés Gustave Le Bon (1895), texto clásico de la psicología social y la sociología en el que hace una descripción cruda de las implicaciones que pueden generarse cuando no se manejan adecuadamente los factores desencadenantes de distintos estados colectivos: impulsividad, irritabilidad, incapacidad para razonar, ausencia de juicio crítico, exageración de sentimientos, entre otros. Algunos autores han analizado que las emociones que experimentan quienes participan en acciones violentas colectivas están muchas veces basadas en principios morales, y que la decisión de ser parte de estas es racional y consciente y, por lo tanto, condenable. 

Lo cierto es que esa naturaleza justiciera y redentora que a muchos les aflora en situaciones de tensión extrema o agresión, como el caso aquí mencionado, solo consigue extender esa cadena de violencia, salvajismo, odio y resentimiento que se ha venido acumulando en Colombia y que limita la convivencia pacífica, el usufructo pleno de los derechos y la posibilidad de concretar la anhelada paz social.

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