Lea aquí la columna publicada el 22 de febrero de 2026 en El Espectador 

Con la frase lapidaria: “el cerebro de nuestros hijos no está a la venta”, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró que su país decidió prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años con el propósito de preservar su salud mental, a través de una ley que entrará en vigor a partir del inicio del próximo curso escolar, este mismo año. 

Ya Australia lo hizo a finales de 2025, ordenando la desactivación de los perfiles de los jóvenes y prohibiéndoles la creación de nuevas cuentas, con base en estudios que revelaron que el 96 % de los niños entre 10 y 15 años tenía acceso a las redes sociales, 7 de cada 10 vieron contenido perjudicial y uno de cada 7 confirmó haber sufrido acoso sexual de parte de adultos o niños mayores. 

Entre tanto, se suman a los dos países previamente mencionados varias naciones más que se encuentran en proceso de debate y de adopción de esta iniciativa a través de sus legislaciones, como son España, Dinamarca, Nueva Zelanda, Italia, Grecia, Portugal, Malasia e Indonesia, entre otras.

Cada vez se masifica más la utilización de las redes sociales desde la niñez, tanto en el ámbito escolar como familiar. Es casi “natural” observar a los niños y jóvenes inmersos en sus celulares y tabletas en un permanente y prolongado “escroleo” —hispanismo del anglicismo “scrolling”—, como se denomina a la práctica prolongada de desplazarse en dirección vertical en la pantalla para navegar, saltando de video en video, capturando por horas su atención aislándolos de la realidad, alejándolos de la vida social y llevándolos a desatender sus obligaciones escolares.

La permanente conexión a las redes sociales es un factor de riesgo que afecta la salud mental, pero especialmente a los más jóvenes. Se ha comprobado la generación de problemáticas como depresión, dismorfia corporal, ansiedad o ciberadicción, aparte del peligro de acoso, invasión de la intimidad, “ciberbullying”, etc.

Una revisión de más de 11.000 casos de niños y adolescentes en España, atendidos a través de líneas de ayuda de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), presentado el año anterior, arrojó conclusiones contundentes, como que el 56,4 % de los casos tenía relación con el uso inadecuado de la tecnología; el 54,9 % de los menores de edad con problemas derivados del uso inadecuado de la tecnología no recibía atención psicológica; el perfil más identificado en las consultas es el de niña o adolescente mujer, de entre 9 y 16 años, con bajo rendimiento escolar y escasa satisfacción académica, que vive con un solo progenitor/a o con custodia compartida; el 79,7 % de los casos presentan un nivel alto de gravedad y el 71,8 % son urgentes. Así mismo, que el mal uso de la tecnología potencia otros problemas graves de la infancia y adolescencia relacionados con violencia y salud mental como pornografía, prostitución, violencia de género, maltrato intrafamiliar, conducta suicida y autolesiones.

La prohibición, que implementan cada vez más países, es una medida fundamental que indefectiblemente debe estar acompañada de la prevención y del fomento del buen uso de todas las herramientas que nos brinda la tecnología, incluidas, por supuesto, las redes sociales. Los mejores “influencers” de las nuevas generaciones somos, precisamente, los mayores, desde nuestra posición como educadores, padres de familia, acudientes o, simplemente, miembros de una sociedad responsable. Nos corresponde liderar y promover programas a nivel escolar y acciones en el entorno familiar que limiten el impacto adictivo de las redes sociales. 

@Rector_Unisimon