Columna publicada el 24 de mayo de 2021 en El Heraldo

Durante la evolución de la humanidad la pobreza ha tenido múltiples causas y características, acordes a cada momento histórico. Las principales causas primigenias fueron las invasiones, las guerras, la esclavitud y el colonialismo. Adicionalmente a estos hay factores que la han perpetuado hasta el presente siglo como la inequidad social, la discriminación, la corrupción, la inasistencia educativa y de salud, la violencia, las sequías y las pandemias, entre otras. Esta última ha consolidado aún más el círculo vicioso de la pobreza en el mundo.

Hoy, en nuestro país, 21 millones de conciudadanos viven en condición de pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema. Las estadísticas recientemente publicadas por el Dane indican que mientras en 2019 el 35,7 % del total de la población nacional era pobre, a 2020 la cifra se elevó a 42,5 %. Esto implica que 3,6 millones de personas ingresaron a la franja llamada pobreza monetaria, mientras que 2,78 millones lo hicieron al canon de pobreza extrema.

Además del crecimiento de la pobreza, paralelamente se agravó el problema del desempleo, aumentándose a 3,4 millones los desempleados en el país, y empeoró el índice Gini, de desigualdad, de 0,562 en 2019 a 0,544 en 2020. Otros fenómenos reducen la capacidad del Estado para atender la pobreza, como la corrupción, que se lleva $50 billones anuales (dato de la Contraloría) y los gastos de funcionamiento de la Nación, que crecieron un 700 % entre el 2000 y el 2020 (de $ 26 billones a $ 211 billones).

Debido a que esta precarización social y aumento de la pobreza es una tendencia en América Latina y el Caribe, la CEPAL propone líneas de acción que es menester analizar y tener en cuenta, tales como el otorgamiento de un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social, un bono contra el hambre, un conjunto de políticas para apoyar los tejidos empresariales y los segmentos laborales en riesgo de engrosar las listas de desempleados y poner en marcha políticas públicas en diversas áreas y de manera simultánea en materias de innovación y actualización tecnológica.

Igualmente, el organismo multilateral recomienda “…avanzar hacia un estado de bienestar para apoyar el aprendizaje y la igualdad, rediseñar los incentivos económicos para fomentar la protección del medioambiente, y aplicar políticas macroprudenciales que brinden estabilidad y que promuevan la competitividad, políticas fiscales progresivas para la igualdad y el financiamiento de inversiones públicas y políticas sectoriales”.

Estamos en una situación sombría y se hace necesario detener la pauperización de la población. Por ello, es un reto obligado para el Gobierno, el sector productivo, los jóvenes, la academia y toda la sociedad civil, determinar, a partir del diálogo y el trabajo mancomunado, los pasos a seguir y llevarlos a la práctica para superar la crisis que vivimos.

Por el bien del país es necesario que todos sus estamentos asuman una lucha frontal contra la pobreza. Esta dolorosa realidad no aguanta más; estamos ante el riesgo de una implosión social.