Columna publicada el 13 de junio de 2022 en El Heraldo

Una grave tragedia vive Estados Unidos por cuenta de los tiroteos masivos  que este año ya suman 254, han cobrado la vida de 281 personas y dejado 1360 heridos. Sin duda, uno de los más tristes e impactantes fue la reciente masacre en una escuela primaria de Uvalde, Texas, donde un joven de 18 años asesinó a 19 niños y 2 maestras. Asimismo, tan solo el fin de semana del 4 y 5 de junio pasados se registraron 13 hechos, con saldo de 17 muertos, y el jueves anterior un ataque a bala en una fábrica de Maryland dejó tres víctimas mortales. 

Si bien los partidarios del porte de armas arguyen la necesidad y pertinencia de la defensa ciudadana, los defensores del control eficiente y eficaz por parte del Estado plantean que la laxitud de las normas permiten su adquisición fácil, rápida y con muy poco control, por lo que, incluso el mismo presidente Joe Biden y muchos líderes de la sociedad estadounidense están exigiendo cambios urgentes en la legislación. 

Países como Canadá, Reino Unido y Australia limitaron el porte en sus territorios, luego de casos similares a los ocurridos en Estados Unidos y comprobaron que a menor cantidad de armas en manos de la ciudadanía se reduce también la sucesión de hechos violentos como los tiroteos, los homicidios y los suicidios. 

Lamentablemente, hechos como los sucedidos en Uvalde son susceptibles de imitación, con trasfondos psicológicos que develan situaciones de entornos familiares o sociales violentos, antecedentes de maltrato, bullying o trastornos mentales desatendidos, entre muchos otros, ante los cuales quedan expuestas y desprotegidas siempre las personas más vulnerables.

En Colombia, el Estado tiene el monopolio sobre las armas y ha regulado un proceso específico para la autorización de su uso. El año pasado, además, fue regulada la tenencia y el porte de armas traumáticas (Decreto 417 de 2021), debido a su capacidad de generar daño y la tendencia creciente de su uso. 

Aunque a 2019 había 687.694 armas de fuego amparadas es evidente que abundan las ilegales. Datos oficiales dan cuenta de que, en lo corrido del presente año, la Policía Nacional ha incautado 7856 armas de fuego (entre revólveres, pistolas, escopetas, subametralladoras, etc.); en 2021, un total de 18.337 y en 2020, 17.143. Un informe del diario El Tiempo registra la incautación de 138.799 entre 2015 y 2020, de las cuales el 47,7 % son hechizas o artesanales, siendo Barranquilla la capital donde más armas de este tipo son decomisadas. De hecho, este tipo de armas son adquiridas con facilidad en el mercado negro y pueden costar entre 40.000 y 50.000 pesos.

En las sociedades democráticas lo conveniente es que el monopolio de las armas de fuego esté siempre en poder del Estado, como lo define nuestra Constitución Política. En consecuencia, la protección y la seguridad de la ciudadanía deben ser responsabilidad plena de las autoridades competentes; por ello, resulta imprescindible que ellas ejerzan controles más exhaustivos para minimizar la tenencia y el porte de armas por parte de civiles.