Columna publicada el 26 de febrero de 2023 en El Espectador

Uno de los compromisos trascendentales inmersos en el articulado atañe al sector de la educación, incluido en el ítem de seguridad humana y justicia social; en el punto de los catalizadores se le apuesta a la superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar. Allí está resaltada la educación de calidad para reducir la desigualdad, un enfoque que reconoce su rol primordial para la superación de las brechas sociales y el acceso a mejores oportunidades de vida, acorde al objetivo planteado por el presidente Gustavo Petro de encauzar a la nación como sociedad del conocimiento.

En este marco es destacable que, mientras la Ley 30 de 1992 estableció que la educación superior “será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso”, el Plan de Desarrollo que cursa en el Congreso de la República la propone como “derecho fundamental progresivo para la realización humana”, lo que implica un avance trascendental en cuanto a asegurar una educación superior inclusiva, inmersa en una mirada humanista y enrutada hacia una mayor cobertura y una excelsa calidad, necesarias para una transformación social que privilegie el desarrollo humano.

Esta política de Gobierno trasciende de la garantía de la instrucción básica, considerada un derecho fundamental, y se extiende a la educación superior, reconocida como promotora de inclusión, equidad y desarrollo social integral. En Colombia, la educación superior es vista, hasta hoy, como un privilegio para quienes poseen las mayores capacidades intelectuales o económicas y, por ello, ha sido un factor determinante en el mantenimiento de las brechas sociales y la frustración de cientos de miles de jóvenes, al limitarles su acceso a las instituciones de educación superior y, por ello, a las oportunidades de desarrollo individual y de movilidad social.

La propuesta del Gobierno promueve la inclusión de jóvenes de regiones y grupos poblacionales relegados del sistema, aplicando estrategias progresivas y ajustándolas a la disponibilidad presupuestal. “Se fomentará el acceso de 500.000 nuevos estudiantes, acompañados de estrategias para promover la permanencia y la graduación, priorizando a jóvenes provenientes de contextos vulnerables, municipios PDET y ruralidad dispersa”, se indica en el Plan de Desarrollo y, con contundencia y compromiso, lo asumieron desde sus posesiones el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y la viceministra, Aurora Vergara.

Este ambicioso Plan de Desarrollo para la educación superior necesitará la participación activa y articulada, construida bajo términos de confianza, de los organismos rectores, las instituciones de educación superior públicas y privadas, los profesores, estudiantes, directivos universitarios; en fin, toda la comunidad académica y científica, que permita promover las condiciones ideales para lograr la ampliación del acceso y la cobertura, la calidad educativa y la pertinencia tan anheladas por la sociedad colombiana. Además, será imprescindible asegurar los recursos económicos pertinentes para su ejecución.