Lea aquí la columna publicada el 30 de julio de 2023 en El Espectador

Una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro es la universalización de la educación en todos los niveles, a través de la garantía de su acceso, en condiciones de calidad, atendiendo la identidad diversa de la sociedad colombiana y con propósitos de transformación y reivindicación social, focalizando sus mayores compromisos en la educación preescolar y la superior, ya que tienen menor cobertura. En ese sentido, la doctora Aurora Vergara, ministra de Educación, nos presentó, el pasado 20 de julio, los borradores de los proyectos de ley estatutaria para regular la educación como derecho fundamental y de la reforma de la Ley 30 de 1992, con el objetivo de promover un trabajo mancomunado de construcción de la norma, a través de un necesario proceso de aportación y concertación que permita una reforma integral.

La educación, como derecho y bien público, es, en efecto, del interés general y, por ello, tanto los actores directos como los diferentes sectores de la sociedad están en la obligación de participar activamente en su delineamiento y construcción, y en la afinación durante el trámite legislativo.

El cambio sustancial del sentido de la educación como servicio público a derecho fundamental progresivo le da el estatus universal, pertinente e incluyente al proceso educativo, clave para el desarrollo integral del ser humano. Es fundamental que se cumpla la anunciada presencia institucional en las regiones, el fortalecimiento presupuestal y se tracen las líneas específicas para la prestación óptima y de calidad de este servicio.

La reforma de la Ley 30 debe atender la diversidad del territorio y promover espacios que permitan superar las profundas desigualdades por motivos económicos, territoriales, de género, de orientación sexual y origen étnico. Por ello, se deberá plantear una educación con carácter crítico y pertinente y promotora del cierre de brechas sociales. Además, se deben extender y articular los campos de acción de la educación superior para armonizarlos con los saberes y conocimientos ancestrales.

Entre los principios propuestos se plantea que la educación superior promoverá en la comunidad educativa un espíritu reflexivo, orientado a fortalecer la dignidad humana y la autonomía personal, en un ambiente de libertad de pensamiento, diálogo y pluralismo ideológico e intercultural.

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) es reformado. Se amplía la representatividad en su seno y se suprimen muchas de sus funciones, incluso algunas de tanta importancia como la aprobación de las nuevas Instituciones de Educación Superior (IES).

La reforma contempla que el Icetex disminuirá gradualmente los créditos reembolsables, que hoy garantizan la permanencia de una alta población estudiantil en las IES, para enfocarse en fortalecer su portafolio de servicios para estudios especializados en el exterior, situación crítica que pondría en riesgo las actuales tasas de cobertura.

Se reconceptualizan las actividades de bienestar educativo, para las cuales se propone el aumento de la destinación presupuestal en las universidades del 2 % al 5 %.

Confiamos en que el Gobierno valore y atienda las propuestas que desde ASCUN y el resto de las asociaciones, al igual que las IES, ya han sido presentadas y seguirán argumentándose, para construir mancomunadamente una normatividad que, reconociendo la autonomía universitaria, promueva una educación superior de calidad, accesible y que permita superar las brechas sociales y territoriales que históricamente arrastra el país.