Lea en El Espectador la columna publicada el 28 de abril de 2024 

El proyecto de Ley Estatutaria de Educación, a través del cual el Gobierno busca consagrar la educación como un derecho fundamental, fue aprobado el 15 de abril en la plenaria de la Cámara de Representantes, previo a lo cual los congresistas estudiaron 600 proposiciones y más de 53.000 aportes, y participaron en audiencias públicas.

El articulado tiene el objetivo primordial de reconocer el derecho a la educación en todos los niveles: inicial, básica, media y superior; al igual que la ampliación de la educación inicial en los grados de prejardín y jardín, la obligatoriedad de la educación media y la garantía de este derecho para personas con discapacidad, cuidadores, padres y madres cabezas de hogar y gestantes, y reincorporados, entre otras.

Ad portas de los debates finales en el Senado, se debe profundizar sobre asuntos que han estado en el centro de las discusiones, como las políticas presupuestales para el cumplimiento de las metas planteadas por el Gobierno, la importancia de garantizar la asequibilidad, en igualdad de oportunidades, al sistema mixto de educación superior, así como la autonomía universitaria, la promoción de la equidad y la calidad de la educación.

Se destaca en el articulado que, en un periodo no mayor a dos años, el Gobierno establecerá un plan que contendrá información precisa de la situación actual de la educación, plazos, fuentes de financiación, etc. para garantizar progresivamente el derecho a la educación.

En ese orden de ideas, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) presentó sus aportes, en análisis liderado por el director ejecutivo Óscar Domínguez, acerca del alcance constitucional de la norma, señalando que persisten inquietudes sobre el contenido y alcance ya que “podría regular y extralimitar la competencia del legislador estatutario frente a la competencia del legislador ordinario”.

Otro punto es el papel del Estado y los mecanismos de protección al derecho en un sistema nacional mixto de educación superior, sobre lo cual la agremiación advierte que este debe ser fortalecido y, en consecuencia, “precisarse los mecanismos de protección al derecho aclarando las competencias y obligaciones del Estado no solamente de cara a las instituciones públicas en su financiamiento y en la gratuidad, sino en su componente privado y en cómo ese también cumple el papel de ofrecer garantía del derecho a la educación en todos los niveles”.

La Asociación también ha planteado que confundir la educación como bien común y no bien social estratégico sería limitar el crecimiento de la educación privada, en contravía del artículo 68 de la Constitución.

Asimismo, los mecanismos de protección del derecho fundamental a la ciudadanía al considerar que los compromisos que adquiere de manera general y específica con los grupos especiales podrían representar un colapso en el sistema educativo y el judicial porque, al no tener clara la progresividad y la vigencia de los demás instrumentos normativos que regulan estas condiciones especiales, las instituciones tendrían que responder a requerimientos no solo de acceso sino de permanencia y graduación.

Con el convencimiento de la necesidad y la pertinencia de esta discusión, ASCUN continuará en total disposición de seguir haciendo sus aportes al Ministerio de Educación Nacional y a los honorables senadores, con el objeto de enriquecer el análisis que inicia en la Comisión Primera del Senado de la República.