Lea aquí la columna publicada el 5 de agosto de 2024 en El Heraldo 

Dolorosamente, las noticias diarias, de carácter judicial, están plagadas de reportes de violencia contra las mujeres, especialmente por causa de su género, al punto que la ONU ha estimado que los feminicidios se han convertido en una “epidemia mundial de proporciones pandémicas”. 

Mientras que en el espectro internacional impactan casos como el de la mujer inmigrante asesinada junto a sus dos hijos en Cuenca (España), por su expareja ?sobre quien pesaba una orden de alejamiento por violencia machista?, la violencia contra la mujer también está a la orden del día en nuestro país. Entre los últimos casos está el feminicidio perpetrado en el corregimiento de Pasacaballos, en Cartagena, en el que la víctima fue asesinada con crueldad; al igual que el de otra mujer en Tubará (Atlántico), agredida hasta la muerte en similares condiciones. 

De hecho, el Atlántico es uno de los departamentos cuyas crecientes estadísticas son preocupantes, como lo dio a conocer la Procuraduría General de la Nación al convocar una mesa de seguimiento por estos hechos de violencia. De acuerdo con la institución, hasta el 3 de julio se registraron en el departamento 32 homicidios de mujeres, la mayoría de estos en Barranquilla (16 casos). En total, en el país, la Procuraduría reportó la ocurrencia de 121 feminicidios, de los cuales 81 habrían sido perpetrados por la pareja o expareja sentimental. 

Otra estadística representativa de esta problemática la reveló la Defensoría del Pueblo, con su reporte de 144 tentativas de feminicidios entre enero y mayo de este año; además, 3710 casos de violencia de género contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa atendidos, lo que representó un aumento del 36 % frente al mismo periodo del año anterior. La Defensoría también resaltó la predominancia de casos de violencia psicológica.

En buena hora, el Congreso aprobó una ley que elimina los beneficios penales para involucrados en feminicidios, tales como prisión domiciliaria o suspensión condicional de la ejecución de la pena.

La labor preventiva de la violencia machista debe abarcar todas las esferas sociales, así como también se debe extender el abanico de mecanismos de protección a las víctimas y la profundización de las investigaciones y sanciones por los dolorosos casos de feminicidios. 

Reflexionemos sobre qué sociedad le estamos dejando a nuestras hijas, nietas, en fin, a todas las mujeres de las nuevas generaciones. No solo debemos garantizar su supervivencia sino su bienestar y el respeto integral de sus derechos.