Columna publicada el 19 de agosto de 2024 en El Heraldo

El agravamiento de la crisis política en Venezuela por los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, amenaza con empeorar la intrincada situación política y socioeconómica de esta Nación.

Los dudosos escrutinios, atribuidos a la corrupción en la organización electoral del país dejaron, nuevamente, en la Presidencia a Nicolás Maduro, lo que generó la ira y el descontento de cientos de miles de venezolanos. En los días subsiguientes a las elecciones se registró el derribamiento de estatuas de Hugo Chávez y vallas de Maduro, caminatas, cacerolazos y manifestaciones pacíficas generalizadas en todo el país. Estas últimas se siguen realizando, a pesar de la persecución policíaca y de los llamados colectivos, como se conoce a los grupos armados ilegales prorrégimen que ejercen violencia en las calles.

El candidato presidencial Edmundo González y la líder María Corina Machado revelaron las que serían las actas originales de los escrutinios que prueban el fraude del oficialismo. Por ello, han sido acusados de instigadores y amenazados con cárcel, por lo que optaron por la clandestinidad. Por las manifestaciones han sido encarceladas 2200 personas, señaladas como terroristas; también han muerto 23 ciudadanos en las protestas.

En este complejo escenario, distintos gobiernos están exigiendo transparencia en las actas electorales, al igual que la Organización de Estados Americanos (OEA) se expresó diciendo: “El régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías, ni mecanismo y procedimientos para hacer valer esas garantías”.

En este futuro incierto preocupa seriamente el acelerado fenómeno de migración masiva desde ese país por las complejas condiciones en que viven sus ciudadanos. Con corte a abril de este año, se calcula que 7,7 millones de personas han abandonado Venezuela, lo que se considera uno de los mayores desplazamientos de un territorio. De esa cifra, 6,6 millones de personas viven en América Latina y el Caribe, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El presente y el porvenir de Venezuela deben ser prioridad para Latinoamérica y el mundo. La pérdida de los valores democráticos y el agravamiento de la violencia y la crisis socioeconómica que ha vivido en los últimos años nos golpea y afecta a todos sus países vecinos. Su pueblo tiene todo el derecho a elegir libremente su destino, sin corruptelas ni amañamientos.