Lea aquí la columna publicada el 25 de noviembre de 2024 en El Heraldo

La aprobación, en el Congreso de la República, de la ley que reforma el Código Civil, prohibiendo en Colombia el matrimonio y las uniones de hecho entre y con menores de 18 años, es un verdadero paso adelante en el objetivo de la protección de la niñez, especialmente a las niñas, tal como lo calificó la activista pakistaní Malala Yousafzai, Nobel de Paz, al destacar la noticia en sus redes sociales.

A 2022, se calcula que 640 millones de niñas y mujeres vivas en ese momento se casaron en la infancia. Entre tanto, a 2018, en América Latina y el Caribe una de cuatro mujeres jóvenes contrajo matrimonio por primera vez o se encontró en una unión temprana antes de cumplir los 18 años. En Colombia, según el reporte de Unicef, se estima que el 23 % de las mujeres de 20 a 24 años estaban casadas o unidas antes de los 18 años y el 5 % antes de los 15 años.

En el mismo informe se advierte de una de las consecuencias principales de esta práctica nociva, como es el embarazo a temprana edad. Cifras del DANE confirman que, entre 2010 y 2021, se presentaron en el país 1′137.796 nacimientos o partos de niñas y adolescentes mujeres de 10 a 19 años, que se encuentran casadas o en uniones tempranas.

Tristemente, el matrimonio temprano imposibilita vivir adecuadamente la etapa de la niñez, lo mismo que niega la posibilidad de la construcción de proyectos de vida por las dificultades para acceder a la educación y, por supuesto, a posteriores oportunidades de empleo. Además, las estadísticas advierten que, especialmente las niñas, tienen altas posibilidades de sufrir violencia de pareja y de género; de hecho, el mismo matrimonio a edad temprana es considerado una forma de violencia.

Si bien no se trata de una solución definitiva a la diversidad de problemas que vive la niñez en Colombia, es una medida importante que favorece en su mayoría a las niñas, las más afectadas con estas uniones (92 %), mal llamadas matrimonios.

En buena hora, los congresistas colombianos asumieron esta bandera y se pusieron de acuerdo por encima de sus diferencias y filiaciones políticas, pues los derechos de los niños prevalecen por encima de todos y, si bien, hay aspectos culturales bastantes arraigados, es preciso ir derrumbando ya esas condiciones que le ponen freno al desarrollo normal de la niñez, en clara contravía de sus derechos fundamentales y con el impacto que ello tiene en el mismo desarrollo de las comunidades.