Lea aquí la columna publicada el 3 de febrero de 2025 en El Heraldo

Colombia vuelve al sitial de deshonor de ser el país de América Latina plagado de violencia y desplazamiento forzado. Los colombianos, incluyendo los militares, han tenido que presenciar, prácticamente maniatados, los enfrentamientos, la muerte, la desolación y el éxodo masivo de una amplia población. Esta escalada violenta golpea nuevamente y mantiene en una grave crisis al Catatumbo, en Norte de Santander, así como sucede en el cañón del Micay, en el corregimiento de El Plateado y el municipio de Argelia, Cauca, y en Jamundí, en Valle del Cauca.

En el Catatumbo es en donde ha sido más despiadada la guerra. Tristemente, sus privilegiados recursos naturales y su posición geográfica lo convirtieron en blanco de actividades ilegales y del enraizamiento de grupos armados al margen de la ley, que ejercen dominio y generan terror entre sus habitantes, considerándosele como “zona roja”, debido, además, a la histórica falta de presencia del Estado. Desde el 16 de enero de este año, los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc han derivado en el desplazamiento forzado de 52.000 personas, quienes han buscado refugio, principalmente, en los cascos urbanos de Cúcuta, Ocaña y Tibú; igualmente, las estadísticas oficiales reportan 52 asesinados, aunque que se estima que hay un subregistro mayor. Entre las víctimas de esta guerra, según la Defensoría del Pueblo, se encuentran líderes sociales, gestores de paz, mujeres y niños.

La respuesta estatal ha llevado a la declaratoria del Estado de Conmoción, se amplió la presencia militar y policial en la región, así como la atención humanitaria. Entre tanto, los diálogos de paz con el ELN permanecen suspendidos por lo que el presidente Gustavo Petro tildó como “crímenes de guerra” e, incluso, se refirió recientemente a la presencia de una “fuerza extranjera” en la zona, calificando la situación en la región como de “soberanía nacional”.

Es lamentable que el país siga teniendo zonas vedadas por la violencia, en las cuales brille por su ausencia permanente el Estado, donde los grupos al margen de la ley mantienen una hegemonía y ponen en jaque a sus pobladores y que, solamente por estas explosiones de violencia, se apresure la atención que todo el tiempo deben tener.

El Catatumbo amerita acciones contundentes que permitan el cese inmediato de hostilidades y la retoma del control estatal en la zona, pero, sobre todo, la protección integral de su población, en especial, quienes han tenido que abandonar sus casas, fincas y negocios para salvaguardar sus vidas.

@Rector_Unisimon