Por Eduardo Palencia Ramos.
Profesor de Unisimón. Abogado, magíster en Ciencias Políticas y Derecho Público. Doctorante en Métodos Alternos de Solución de Conflictos.

La dimisión de quien fuera hasta el miércoles fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, suscitó una de las controversias más álgidas en el escenario político nacional. No obstante, solo dejó en evidencia las ingentes brechas de componente ideológico y partidista en un país que hasta el momento solo entiende la política de forma sectorial. 

Sin lugar a dudas desde su nombramiento hubo polémicas, pues su nombre, para ciertos partidos políticos, particularmente los de oposición al Ejecutivo nacional, era la sinonimia de la corrupción que envolvía a Odebrecht. En tal sentido, la acción de muchos frentes de la ciudadanía y la política nacional estuvo dirigida a su renuncia. No hay que olvidar los denominados  “plantones” realizados en las sedes de la Fiscalía en varias ciudades del país. 

En ese momento, quien fungió como defensor del entonces fiscal, fue el partido Centro Democrático, cuyo principal paladín, Álvaro Uribe Vélez, aducía en el recinto del Congreso la integralidad del fiscal. Y, pese a desacuerdos en relación con lo mencionado, se vislumbraba la idea de que el grupo de togados pertenecientes a la Justicia Especial para la Paz (JEP) tenían  un tratamiento genuflexo hacia la desmovilizada  guerrilla de las FARC. Quizás, en razón de esta defensa del Centro Democrático, el fiscal adhirió una posición más vehemente contra  la JEP.  

Cuando Néstor Humberto Martínez sugería objeciones a la ley estatutaria de la justicia especial para la paz, vindicaba no solo una posición personal contra lo que consideraba antijurídico y contrario a pleno derecho, sino que también  era consecuencial con lo preconizado por el Centro Democrático y, posteriormente, materializado por el  presidente Iván Duque Márquez. 

La más importante de las propuestas, inobjetablemente, fue la referente a la extradición, pues en su momento quedó claro que para él se abriría la posibilidad de impunidad, de ser aprobado este artículo, ya que a cambio de verdad se podría reclamar el beneficio de no extradición y, a su vez, se afectaría la cooperación judicial con otros países. Desde el ente investigador, la comisión del delito por parte de Jesús Santrich era evidente. 

La renuncia del fiscal podría resumirse en dos aspectos: 
I) Consecuente, debido a que siempre propuso el tema de la extradición como uno de los temas centrales, máxime la de Santrich. Por ende, cuando la JEP aplica la garantía de no extradición al miembro del partido político FARC, sintió que una de sus luchas fracasa. 
II)  Disruptiva, por cuanto abrirá, aún más, el debate ideológico y faccioso en Colombia. La división podría continuar aumentando en un país donde los intereses partidistas se confunden con la sensatez.