Según cifras expuestas, la desactualización del catastro alcanza el 69,38% de los municipios colombianos.

En el nuevo auditorio ‘Meira Delmar’ de la Universidad Simón Bolívar, el ex viceministro de Justicia y ex director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, realizó este viernes el conversatorio ‘Tierras y territorio: la reforma urgente que requiere Colombia’.

“Nos reunimos para intercambiar opiniones y ver, desde una perspectiva regional, cómo solucionamos esto porque el país lleva años dándole paños de agua tibia, tratando de solucionarlo a punta de parches y no ha funcionado”, dijo Samper Strouss al finalizar el encuentro. “Algo tiene que cambiar porque estos son problemas estructurales que necesitan soluciones de raíz”. 

Al evento asistieron nuestro rector, José Consuegra Bolívar; la vicerrectora Académica, Sonia Falla Barrantes; directores de programas de pregrado y posgrado, profesores e investigadores del Centro de Investigación e Innovación Social (Ciiso) ‘José Consuegra Higgins’.

Uno de los puntos tratados fue la desactualización del catastro. Según cifras expuestas por el ex viceministro, el censo territorial carece de información actual de 993 municipios, lo que equivale a 69,38% de estas poblaciones; 28,32% están sin formar (80 municipios), y apenas el 2,30% está actualizado (49 municipios). 

“¿Quién puede hacer política pública con medidas agropecuarias, incluso desarrollo urbano, con esto desactualizado?”, cuestionó Samper Strouss. 

La informalidad que predomina ha derivado en que solo 7 millones de hectáreas estén siendo explotadas, de 41 millones totales; que haya infraestructura pública rural promedio en 20 por municipio, y que el acceso a créditos alcance los $1.6 billones, cuando hay potencial para $3.5 billones. De igual forma, que el ingreso mensual promedio de campesinos sea de $1 millón a $1.5 millones, cuando podría ser de $3 millones a $4 millones. 

“La informalidad de la tierra trae facilita el despojo; potencializa las economías ilegales, como los cultivos ilícitos y la minería; impide el acceso a créditos, subsidios de vivienda y proyectos productivos; dificulta la inversión pública para que haya más presencia del Estado, e incrementa las probabilidades de violencia”, advirtió el ex viceministro, quien dio a conocer que hasta 2015 estaban mapeados en el país 200 conflictos violentos y otros miles no violentos por tierras.